La medida se enmarca en el esquema de fiscalización digital del Régimen Simplificado, que cruza datos de facturación y cobros electrónicos conforme la Ley 24.977 y la Resolución General 4614/2019, y busca canalizar de forma más ágil los planteos vinculados a movimientos informados por plataformas de pago.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero habilitó un nuevo procedimiento simplificado para que los monotributistas puedan manifestar su disconformidad frente a recategorizaciones de oficio basadas en información suministrada por plataformas digitales.

El trámite podrá realizarse hasta el 16 de marzo inclusive y, en esta instancia, no será necesario presentar descargo mediante presentaciones digitales ni adjuntar documentación adicional, salvo que el organismo lo requiera en forma posterior.

La medida se inscribe en el esquema de fiscalización previsto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, regulado por la Ley 24.977, que establece un sistema objetivo de categorización en función de ingresos brutos, parámetros físicos y nivel de gastos. Sin embargo, el control ya no se apoya únicamente en declaraciones juradas, sino en cruces automáticos de información digital.

El artículo 20 del Anexo de la ley contempla las causales de exclusión de pleno derecho, entre ellas gastos personales incompatibles, depósitos bancarios no acordes con los ingresos declarados y niveles de compras superiores a los porcentajes admitidos. Asimismo, su último párrafo habilita al organismo a recategorizar de oficio cuando no se configure exclusión automática.

Por su parte, el artículo 26 inciso c) faculta a ajustar la categoría cuando el contribuyente no se recategorizó en término o lo hizo en forma inexacta. En esos supuestos, el organismo puede liquidar diferencias y aplicar una multa del 50% del impuesto integrado y componente previsional omitido, con derecho a recurso conforme el artículo 74 del Decreto 1397/79.

En este contexto adquiere especial relevancia la Resolución General 4614/2019, que creó dos regímenes informativos vinculados a operatorias digitales.

El Título I obliga a procesadores de pago a informar el CUIT del vendedor, rubro, CBU o CVU, monto total de operaciones comerciales y comisión cobrada. Técnicamente, se trata exclusivamente de ventas de bienes o servicios cobradas por medios electrónicos, no de transferencias personales.

El Título II, en cambio, alcanza a proveedores de servicios de pago y billeteras virtuales, quienes reportan altas y bajas de cuentas, saldos mensuales, ingresos y egresos, bajo determinados umbrales mínimos.

En la práctica fiscalizadora suelen verificarse tres escenarios. El primero se configura cuando el volumen de ventas electrónicas informado por el Título I supera los ingresos declarados en la categoría vigente, lo que puede derivar en recategorización o incluso exclusión automática si se excede el tope máximo.

El segundo escenario surge cuando los datos del Título II reflejan ingresos o saldos incompatibles con la capacidad contributiva declarada, activando presunciones vinculadas a depósitos o gastos personales.

El tercero se vincula con niveles de compras y gastos superiores a los porcentajes permitidos, lo que también puede habilitar ajustes o exclusión.

En este esquema, la diferencia técnica entre ventas comerciales procesadas y transferencias personales resulta determinante. Las primeras constituyen una presunción objetiva de ingresos gravados; las segundas requieren análisis de trazabilidad y justificación.

En la práctica se han detectado situaciones en las que movimientos no comerciales terminan clasificados como ventas, por ejemplo cuando se utiliza el QR del negocio para recibir un reintegro personal, se mezclan cobros personales y comerciales en la misma CVU o la plataforma asigna automáticamente un rubro comercial por tipo de cuenta.

Dado que los cruces son automáticos, mensuales y sistémicos, una clasificación errónea puede disparar una recategorización sin revisión previa individual.

Frente a una notificación, el contribuyente dispone de 15 días para aceptar el ajuste con reducción de sanción al 50% o interponer el recurso correspondiente. Si se configura exclusión, el pase al régimen general impacta directamente en IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes de autónomos.

El nuevo procedimiento simplificado busca canalizar con mayor agilidad los casos en los que los ingresos informados por plataformas no correspondan a cobros vinculados a la actividad, permitiendo objetar el encuadre sin necesidad de descargo formal inicial.

Cabe destacar que hasta el momento ARCA no ha emitido ningún comunicado ni normativa oficial acerca del nuevo procedimiento simplificado para impugnar las recategorizaciones de oficio.